Afirmar que el empresariado privado es el verdadero motor de la economía porque arriesga su capital es confundir la propiedad de los medios de producción con la producción misma. Y esa confusión no es inocente: sirve para atribuirle al propietario el mérito de una riqueza que, en su inmensa mayoría, no podría existir sin el trabajo humano.
El capital no produce riqueza por una virtud inherente al dinero. El dinero, por sí solo, no fabrica una máquina, no cultiva una hectárea, no levanta una vivienda, no transporta una mercancía ni cura a un enfermo. Para que el capital se valorice necesita poner en movimiento la fuerza de trabajo, los medios de producción, el conocimiento acumulado y la organización social del trabajo.
El empresario puede aportar financiación, organizar una actividad productiva y asumir riesgos económicos. Pero nada de eso convierte mágicamente la propiedad del capital en la fuente exclusiva del valor creado. Una cosa es disponer de los medios de producción y otra muy distinta es producir.
Marx explicó esta contradicción en El capital: el capitalista compra la fuerza de trabajo por un salario y la incorpora al proceso productivo. Durante la jornada, el trabajador crea un valor superior al equivalente de ese salario. La diferencia constituye la plusvalía, fuente de la ganancia capitalista en el análisis marxista.
Ahí está el núcleo de la cuestión: el trabajador recibe un salario por su fuerza de trabajo, pero no necesariamente recibe el equivalente de todo el valor nuevo que genera. La apropiación de la plusvalía no es una anomalía del sistema: es una relación constitutiva del capitalismo.
Y conviene aclararlo: no se trata de negar que existan inversión, maquinaria, organización o innovación. Se trata de comprender que esos elementos funcionan dentro de un proceso social de producción cuyo resultado se distribuye según relaciones de propiedad y poder. La riqueza no brota espontáneamente de una cuenta bancaria.
1. EL MITO DEL EMPRESARIO COMO SALVADOR DE LA SOCIEDAD
El argumento sostiene que el inversor arriesga su capital y, por ese motivo, merece ocupar el centro de la economía.
Pero ¿de dónde procede ese capital? ¿De qué relaciones sociales surgió la propiedad que permite invertir? ¿Quién construyó las infraestructuras, formó a los trabajadores, desarrolló los conocimientos científicos y sostuvo durante generaciones la reproducción de la fuerza de trabajo?
El capital no existe fuera de la historia. Es una relación social: expresa el poder de quienes poseen los medios de producción para contratar fuerza de trabajo y apropiarse de una parte del valor generado en el proceso productivo.
La empresa no es una isla separada de la sociedad. Depende de trabajadores formados, carreteras, puertos, energía, comunicaciones, instituciones, conocimientos colectivos y mercados sostenidos por millones de personas. Incluso la innovación empresarial se apoya, con frecuencia, en descubrimientos científicos y capacidades acumuladas socialmente.
Por eso, convertir al empresario en el único protagonista del progreso equivale a borrar del relato a quienes hacen posible la producción material.
Y hay otra contradicción que el discurso oculta: el riesgo empresarial no es una garantía de creación de riqueza, ni toda inversión resulta socialmente productiva. Puede haber inversiones que amplíen la capacidad productiva y otras orientadas a la especulación, la concentración de mercado o la extracción de rentas. No todo movimiento del capital beneficia por igual a la sociedad.
2. EL DERRAME: LA PROMESA DE QUE LOS TRABAJADORES DEBEN ESPERAR
La teoría del derrame contiene una premisa política muy conveniente para quienes concentran la riqueza: primero hay que permitir que se acumule en la cúspide y, después, confiar en que sus beneficios llegarán al resto de la sociedad.
Pero la distribución no ocurre por gravedad. No existe una ley económica que obligue a la riqueza acumulada arriba a descender automáticamente hacia abajo.
El capital busca rentabilidad. Esa es su lógica de funcionamiento. Si puede reducir costes laborales, presionar salarios, externalizar actividades o trasladar inversiones hacia lugares donde obtiene mejores condiciones, tiene incentivos para hacerlo. Que esos resultados coincidan o no con el bienestar colectivo depende de las relaciones de poder, las instituciones y las luchas sociales.
¿Y qué ocurre cuando los trabajadores reclaman salarios mejores, negociación colectiva, seguridad laboral o una tributación más progresiva? El discurso del derrame suele responderles que deben moderar sus demandas para no espantar a los inversores.
Es decir, se les exige disciplina inmediata a quienes viven de su trabajo mientras se les promete una prosperidad futura cuyo reparto no controlan.
El trabajador debe producir hoy y esperar mañana; el propietario conserva la capacidad de decidir qué parte del excedente reinvierte, qué parte distribuye y qué parte retira como ganancia.
La cuestión no es si debe existir producción antes de consumir aquello que todavía no se produjo. La cuestión es quién decide qué se produce, en beneficio de quién, bajo qué condiciones y cómo se distribuye el resultado.
La sociedad necesita producir riqueza, desde luego. Pero no necesita convertir la espera de los trabajadores en una condición permanente de la acumulación privada.
3. ¿POR QUÉ LOS SALARIOS NO DEBEN QUEDAR A MERCED DEL MERCADO?
El texto presenta la regulación estatal y los salarios mínimos como obstáculos artificiales que espantan la inversión. Así transforma una relación de poder en una supuesta ley natural.
Sin embargo, el contrato salarial no se negocia necesariamente entre partes con la misma capacidad material. Quien posee medios de producción puede contratar, invertir o, dentro de ciertos límites, esperar. Quien depende de vender su fuerza de trabajo para pagar la vivienda, alimentarse y sostener a su familia suele disponer de un margen mucho menor.
La libertad jurídica de ambas partes no elimina esa desigualdad económica.
Desde el materialismo histórico, las instituciones laborales no pueden analizarse al margen de las relaciones de producción. La legislación, los sindicatos, la negociación colectiva y los salarios mínimos intervienen en la manera en que se distribuye el poder dentro de esa relación.
Por eso, una regulación laboral no es automáticamente enemiga de la economía. Puede limitar abusos, establecer pisos de protección, fortalecer la negociación colectiva y contribuir a que el crecimiento de la productividad se traduzca en mejores condiciones de vida.
Tampoco corresponde afirmar que cualquier salario fijado administrativamente carezca de efectos económicos: su impacto depende del nivel establecido, la productividad, la estructura empresarial, la situación del empleo y otras condiciones concretas.
Pero una cosa es analizar rigurosamente esos efectos y otra utilizar el miedo al desempleo como argumento universal contra los derechos laborales.
Cuando se sostiene que los trabajadores deben aceptar salarios más bajos para proteger la inversión, hay que hacer la pregunta que el discurso evita: ¿proteger la inversión de quién y a costa de quién?
4. EL ESTADO NO ESTÁ FUERA DE LA ECONOMÍA
El argumento exige que el Estado se retire para dejar actuar al mercado, como si el capitalismo pudiera funcionar sin instituciones públicas.
Pero el Estado sostiene el marco jurídico de la propiedad, hace cumplir los contratos, construye o financia infraestructuras, forma trabajadores mediante la educación pública y organiza servicios indispensables para la reproducción de la vida social.
No existe un mercado real separado de las instituciones que lo hacen posible.
La discusión de clase no consiste, por tanto, en elegir entre una economía con Estado y otra sin él. Consiste en examinar qué intereses orientan la intervención estatal, quién influye en sus decisiones, quién financia los servicios públicos, quién se beneficia de ellos y quién soporta los costes.
Un Estado puede intervenir para proteger privilegios empresariales, rescatar intereses privados o debilitar a los trabajadores. También puede hacerlo para ampliar derechos, redistribuir ingresos y limitar el poder económico concentrado.
No son intervenciones equivalentes desde el punto de vista de clase.
Para Uruguay, esto exige discutir con datos concretos la política salarial, la negociación colectiva, la inversión productiva, la tributación y el papel de las empresas públicas. Repetir que toda regulación espanta capital no sustituye ese análisis: es una consigna presentada como si fuera una conclusión científica.
5. LA LUCHA DE CLASES NO ES UN INVENTO DEL PASADO
Esta es, probablemente, la parte más reveladora del argumento.
Declarar que la lucha de clases ha desaparecido no demuestra su desaparición. Simplemente expresa el interés de presentar el orden social existente como si ya no tuviera contradicciones fundamentales.
Mientras una clase dependa de vender su fuerza de trabajo y otra controle los medios de producción, persiste una diferencia estructural de intereses en torno a los salarios, la jornada laboral, la intensidad del trabajo, las condiciones de empleo y la apropiación del excedente.
Eso no significa que cada trabajador y cada empresario estén enfrentados personalmente en todo momento, ni que todos los conflictos sociales puedan reducirse mecánicamente a una sola contradicción. Significa que las relaciones de clase siguen organizando aspectos fundamentales de la economía capitalista.
La lucha de clases puede expresarse mediante huelgas, sindicatos, negociaciones salariales, conflictos por la legislación laboral, disputas tributarias o decisiones sobre la propiedad y el control de los recursos productivos.
¿Acaso desaparece esa contradicción porque se la declara antigua? ¿Dejan de existir los intereses contrapuestos porque una columna periodística los considera inconvenientes?
Marx y Engels no plantearon la lucha de clases como una moda intelectual que caduca con el calendario. La analizaron como una relación histórica vinculada a la organización de la producción y a la división de la sociedad en clases con posiciones diferentes frente a los medios de producción.
Y el materialismo histórico exige algo más que repetir una fórmula: estudiar las relaciones concretas, identificar los intereses materiales y comprobar cómo se manifiestan en cada sociedad y en cada etapa histórica.
En el Uruguay actual, eso significa investigar quién concentra la propiedad, cómo evolucionan los salarios reales, cómo se distribuyen las ganancias de productividad, qué peso tienen las rentas y las ganancias empresariales, y qué capacidad tienen los trabajadores para defender sus intereses.
Negar la lucha de clases sin examinar esas relaciones no es superarla. Es intentar despolitizarlas.
6. LA CONTRADICCIÓN FUNDAMENTAL: PRODUCCIÓN SOCIAL, APROPIACIÓN PRIVADA
Aquí llegamos al centro de la crítica marxista.
La producción capitalista es cada vez más social: depende de cadenas de suministro, infraestructuras, ciencia, cooperación entre trabajadores y conocimientos acumulados por generaciones.
Sin embargo, la propiedad de las empresas y la apropiación de sus excedentes permanecen, en buena medida, bajo control privado.
La sociedad coopera para producir, pero las decisiones fundamentales sobre el excedente se concentran en quienes poseen o controlan el capital.
Esa es una contradicción estructural del capitalismo: el carácter social del proceso productivo convive con la apropiación privada de sus resultados.
El empresario puede ser una figura concreta dentro de ese proceso, pero no es dueño de toda la riqueza social por el simple hecho de poseer capital. La propiedad le concede derechos económicos que no deben confundirse con una autoría exclusiva sobre el valor producido.
Por eso, desde una perspectiva marxista, el debate no puede limitarse a decidir qué porcentaje de la riqueza debe derramarse después de que se haya acumulado. Debe abordar también las relaciones de propiedad, el poder de decisión sobre la producción y la distribución del excedente.
La pregunta decisiva no es solamente cuánto crece la economía. Es quién controla ese crecimiento y qué clase social obtiene sus principales beneficios.
CONCLUSIÓN: LA RIQUEZA NO ES UNA LIMOSNA QUE CAE DESDE ARRIBA
El discurso del derrame presenta como una necesidad económica lo que es, en realidad, una determinada propuesta sobre cómo organizar la sociedad: privilegiar la acumulación privada y subordinar a ella las reivindicaciones del trabajo.
Pero la riqueza no es un regalo del capital a los trabajadores. Los trabajadores no son espectadores que aguardan las sobras de una prosperidad ajena: son parte constitutiva de su producción.
La inversión puede ampliar la capacidad productiva; el trabajo humano pone en movimiento el proceso que genera valor nuevo; y las relaciones de propiedad determinan quién controla los medios de producción y se apropia del excedente. Esa distinción es esencial para comprender el capitalismo.
No se trata de negar la necesidad de invertir ni de producir. Se trata de rechazar que la inversión privada tenga que convertirse en una autoridad incuestionable y que los derechos sociales deban esperar indefinidamente la aprobación del capital.
La riqueza puede producirse colectivamente y distribuirse de manera profundamente desigual. Por eso, crecimiento económico y justicia social no son sinónimos.
Y cuando se pretende convencer a los trabajadores de que reclamar una parte más justa de la riqueza que contribuyen a producir es un obstáculo para el progreso, conviene recordar algo elemental: los derechos laborales no aparecieron porque el capital decidiera derramar generosidad sobre la sociedad. Fueron conquistados mediante organización, negociación y lucha social.
El problema nunca fue que los trabajadores quisieran detener el desarrollo. El problema es quién define el desarrollo, quién se apropia de sus frutos y quién paga sus costes.
La lucha de clases no desaparece porque la prensa la declare obsoleta. Mientras exista una contradicción entre quienes controlan los medios de producción y quienes deben vender su fuerza de trabajo, seguirá siendo necesario analizarla.
Y el derrame, por más elegante que suene en una columna económica, no cambia esa realidad material.
